Imaginemos que somos dueños de una compañía que lleva años trabajando con un proveedor, uno que nunca ha fallado en sus obligaciones y que siempre ha tenido un comportamiento excelente. ¿Qué sucedería si nos enteráramos que su principal accionista es dueño de una matriz en Inglaterra, que a su vez tiene filiales en Brasil y Uruguay involucradas en un escándalo de corrupción? Esto parece muy lejano como para que pueda afectar a nuestra empresa, ¿no? Aquí radica la importancia del concepto de compliance.
Hoy más que nunca, este tema es profundamente relevante en América Latina, donde cada vez se aprueban más regulaciones en materia de prevención de actividades ilícitas. Compliance no consiste únicamente en cumplir con normas y leyes, también implica vigilar un clima legal en constante cambio y realizar los cambios que sean necesarios para que un negocio continúe con una buena reputación con sus clientes y dentro de su industria. Es un concepto que abarca temas como corrupción, lavado de dinero, sobornos, terrorismo y personas políticamente expuestas (PEP), así como las consecuencias que conllevan dichos delitos, incluyendo multas y sanciones penales para las empresas involucradas.
Los programas de compliance no son tan recientes. Comenzaron en los setenta, con la promulgación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que prohíbe a las compañías estadounidenses sobornar a funcionarios públicos en el extranjero. Su incumplimiento deriva en sanciones que van desde multas hasta una orden judicial de liquidación para las empresas involucradas y que actualmente sigue en vigor.
Hoy es común leer sobre múltiples escándalos de corrupción que han enfrentado gobiernos y empresas en toda América Latina. No es casualidad que diez países de la región se ubiquen en posiciones muy bajas dentro del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2018, publicado por Transparencia Internacional. El peor ubicado es Venezuela, en la posición 168 de 180 y el mejor, Argentina, en el lugar 85. Indicadores como estos demuestran que los programas de compliance en la región son una necesidad y no un lujo.
En México, el tema de la corrupción está profundamente arraigado en la vida pública. La lucha por erradicarla ha sido bandera de gobiernos pasados y presentes por lo que es evidente que los programas de compliance pueden encontrar un terreno fértil dentro de semejante contexto.
Uno de los mayores esfuerzos realizados en torno a erradicar las malas prácticas corporativas en México es el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015. Dicho sistema reformó artículos constitucionales y creó una serie de leyes secundarias con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Sin embargo, de acuerdo con los IPC publicados entre 2016 y 2018, el país descendió 7 posiciones. Esto parece indicar que la legislación por sí misma no garantiza el éxito y necesita ser acompañada de un elemento extra.
Estos problemas requieren soluciones que ayuden a verificar entidades e individuos para estar seguros de con quién estás haciendo negocios realmente. Por ello, es imprescindible una base de datos con múltiples fuentes de información internacional para realizar comparaciones entre compañías e identificar y trazar el árbol familiar de todo un grupo corporativo y de las personas que están detrás como dueños de esos negocios. En CIAL D&B contamos con una plataforma digital que tiene un alcance que nadie más posee y que representa una alternativa útil para atender el problema de compliance en México y en América Latina.
La información es poder y hoy en día no podemos darnos el lujo de no saber.
